El proyecto propone una nueva Ley Orgánica que reorganiza la Procuraduría General del Estado, modernizando su estructura institucional y competencias. Afecta principalmente al sistema de justicia estatal, a los servidores públicos y a la defensa legal del Estado en litigios. Su impacto principal sería fortalecer la capacidad institucional de la PGE para representar efectivamente los intereses estatales.