Propone reformas legales para prevenir y erradicar el reclutamiento de menores de edad por grupos delictivos. Afecta a niñas, niños, adolescentes y sus familias, así como a instituciones de seguridad y justicia. Su impacto principal sería fortalecer mecanismos de protección integral y establecer sanciones más severas contra el reclutamiento forzado de menores.