Propone tipificar nuevos delitos en el COIP relacionados con explotación sexual de menores mediante inteligencia artificial y tecnologías digitales. Afecta a potenciales infractores que utilicen estas herramientas para abusar de niños, niñas y adolescentes. Su impacto principal sería ampliar la protección penal contra abuso sexual infantil en entornos digitales, cerrando vacíos legales en tecnologías emergentes.