Propone reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y social en los procesos de compra estatal. Afecta a entidades públicas, proveedores y contratistas que participan en licitaciones gubernamentales. Su impacto principal sería alinear la contratación pública ecuatoriana con estándares de responsabilidad ambiental y social, promoviendo prácticas sostenibles en la administración estatal.