Este proyecto propone crear un marco legal que fortalezca el control estatal sobre la inversión extranjera directa en Ecuador, particularmente en sectores estratégicos relacionados con la soberanía nacional. Afectaría a inversionistas extranjeros, empresas multinacionales y sectores económicos clave del país. Su impacto principal sería establecer mayores restricciones y requisitos de revisión para operaciones de capital externo que podrían afectar la seguridad e independencia nacional.