Este proyecto propone establecer un marco regulatorio para proteger a trabajadores de plataformas digitales (Uber, Rappi, etc.), reconociéndolos como empleados con derechos laborales. Afecta directamente a plataformas de servicios y a millones de trabajadores informales ecuatorianos. Su impacto principal sería garantizar acceso a seguridad social, salario mínimo y protección laboral en el sector de economía digital.