Este proyecto reformatoria introduce responsabilidad penal directa para personas jurídicas en casos de lavado de activos y financiación de delitos, ampliando el régimen sancionatorio más allá de responsables naturales. Afecta a empresas, organizaciones y entidades legales que incurran en estas conductas, con potencial impacto en sus operaciones, sanciones económicas y cierre de actividades. Su objetivo principal es fortalecer la persecución del crimen organizado y delincuencia financiera mediante la imputabilidad corporativa.