Este proyecto reforma la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el Código Orgánico Integral Penal para fortalecer los mecanismos de control y sanción de delitos de corrupción en la administración pública ecuatoriana. Afecta directamente a servidores públicos, autoridades y funcionarios del Estado sujetos a control de la Contraloría. Su impacto principal sería aumentar las capacidades de investigación y persecución penal de actos de corrupción administrativa.