Este proyecto reformula los mecanismos de coordinación entre autoridades penales y aduaneras para perseguir contrabando y defraudación aduanera, afectando a importadores, exportadores y funcionarios aduanales. Su impacto principal sería fortalecer la investigación y sanción de delitos aduaneros mediante una articulación más efectiva entre el sistema penal y el régimen aduanero ecuatoriano.