La propuesta crea un marco legal integral para prevenir el consumo de drogas en menores de edad y protegerlos del reclutamiento delictivo, estableciendo programas de desintoxicación y reinserción social. Afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como a instituciones de salud y educación responsables de su atención. Su impacto principal sería fortalecer la protección estatal frente a las amenazas de drogadicción y criminalidad en la población menor.