Propone reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero para otorgar prelación preferente a los depósitos de personas naturales en liquidaciones forzosas de entidades financieras. Afecta principalmente a depositantes personas naturales, garantizando prioridad en la restitución de sus acreencias sobre otros acreedores. El impacto principal es fortalecer la protección del ahorro de ciudadanos frente a quiebras bancarias.