Este proyecto reforma el régimen de extradición ecuatoriano, estableciendo procedimientos más ágiles y criterios actualizados para la entrega de personas requeridas por justicia extranjera. Afecta principalmente a ciudadanos ecuatorianos y extranjeros procesados internacionalmente, así como a la administración de justicia. Su impacto principal sería fortalecer la cooperación judicial internacional y modernizar las garantías procesales en casos de extradición.