Este proyecto reformaría la Ley Orgánica de Personas Desaparecidas y Extraviadas para fortalecer mecanismos de búsqueda y protección. Afectaría principalmente a familias de desaparecidos, fuerzas de seguridad y organismos de investigación. Su impacto principal sería mejorar la efectividad de protocolos de localización y garantizar derechos de las víctimas y sus allegados.