Esta reforma propone modificar el proceso de designación del Fiscal General para garantizar probidad en la selección y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Afecta principalmente a la Fiscalía General del Estado, el sistema judicial y las instituciones de seguridad. Su impacto principal sería mejorar la independencia y credibilidad de la Fiscalía mediante criterios de designación más rigurosos y enfocados en combatir delincuencia organizada.