Este proyecto reforma leyes de telecomunicaciones, penal e inteligencia para prohibir y sancionar las comunicaciones no autorizadas desde cárceles. Afecta a personas privadas de libertad, operadores de telefonía y agencias de seguridad. Su impacto principal es fortalecer el control carcelario mediante mayores restricciones y penas para impedir que reclusos coordinen actividades ilícitas desde prisiones.